Ciudad de México.- Una mañana, al abrir la puerta de su negocio,
Margarita Martínez Martínez encontró un mensaje escrito en papel. "Que
te quede claro, en este asunto sólo tienes dos opciones", decía. "Te vas
del país, y la segunda, que si publicas esta carta ya eres mujer
muerta".
Martínez es defensora de derechos humanos en Chiapas, al sureste de
México, y desde 2009 ella y su familia han recibido constantes amenazas
de muerte.
Hace un par de años fue secuestrada y torturada. Los plagiarios
pretendían que se desistiera de un juicio que había promovido por el
allanamiento de policías estatales a su casa. Hasta ahora no se ha
castigado a ningún responsable de la agresión.
Martínez no sólo publicó la carta, sino que llevó su caso, y el de
decenas de periodistas y defensoras de derechos humanos ante el Comité
de Naciones Unidas de Expertas de la Convención para la Eliminación de
Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés).
El Comité evalúa este miércoles si el gobierno de México ha cumplido
con sus compromisos de proteger de violencia y discriminación a las
mexicanas, un tema controversial en este país.
Las autoridades informan de un avance significativo en acciones
concretas para proteger a las ciudadanas, mientras que organizaciones
civiles aseguran que el clima de violencia y agresión hacia mujeres
periodistas, líderes comunitarias y defensoras de derechos humanos no
cesa y en algunos casos está en aumento.
"No vamos a regresar"
Ante el Comité de Expertas, unas cien organizaciones civiles denuncian
que las autoridades no suelen investigar las agresiones a mujeres,
especialmente si se trata de activistas.
La impunidad, afirman, es uno de los problemas más serios en México. Y Margarita Martínez es un ejemplo.
Tras la última amenaza, la mañana del 30 de junio, el riesgo de morir
asesinada aumentó a tal punto que su familia abandonó su hogar en
Chiapas.
"Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el federal nos han
garantizado la vida y la integridad", dice en conversación con BBC
Mundo.
"Se supone que las autoridades están para protegernos, que el Estado ha
ratificado acuerdos internacionales donde se compromete a salvaguardar
la vida de toda mujer, de todo ser humano. No lo ha hecho y por eso mi
familia ha tenido que salir. Ya no vamos a regresar".
Casos de violencia contra mujeres abundan en México, afirman
organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres, ambas ubicadas en Chihuahua.
Las organizaciones presentan ante el CEDAW un "informe sombra", como se
llama a los reportes no oficiales y de los que se presentaron al menos
17 en la audiencia del Comité.
En su documento las organizaciones denuncian un aumento de 1.000% en
los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la capital del estado,
Chihuahua.
"Desde 2008, el estado de Chihuahua tiene el mayor número de mujeres asesinadas por año en México", cita el documento.
"Varias de estas víctimas han sido defensoras de derechos humanos, como
Marisela Escobedo y Josefina Reyes. Estos crímenes, como el 95% de los
homicidios de mujeres en la entidad continúan impunes".
Asunto nacional
Pero la violencia contra mujeres no sólo existe en el norte de México, donde se ubica Chihuahua.
En Guerrero, al sur del país, el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan, denuncia que las autoridades no han cumplido
totalmente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo
Cantú, mujeres indígenas violadas por soldados del Ejército.
El gobierno mexicano acató una parte de las resoluciones, como enviar
el caso a tribunales civiles y no los militares, como permaneció desde
hace una década.
No es suficiente, señalan Tlachinollan y un grupo de organizaciones
civiles en una carta enviada al secretario de Gobernación, Alejandro
Poiré.
"Hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán
consignados a la brevedad. A más de diez años de los hechos, los
expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad
judicial", expresan.
Un informe similar presenta el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro, sobre el caso de 26 mujeres que en 2006 sufrieron abusos
sexuales durante una operación de la policía del Estado de México, al
centro del país.
El gobernador de esa entidad era, en ese entonces, Enrique Peña Nieto,
el candidato con más ventaja en las recientes elecciones presidenciales.
Respuesta oficial
En la audiencia del Comité de Expertas, el gobierno mexicano presenta
lo que llama su "último informe" sobre las acciones realizadas a partir
de 2006.
Las autoridades destacan que, por primera vez, en las leyes mexicanas
se estableció el delito de feminicidio, una forma de definir el
asesinato de mujeres que tiene un castigo mayor al de crímenes contra
hombres.
También se informa que, por primera vez, se establecieron presupuestos
específicos para la atención de temas de género, así como un área
especial de la Procuraduría (fiscalía) General de la República para los
casos relacionados con violencia de mujeres.
juay de rito anuncia con lujo de detalle el maltrato de mujeres en varios paises arabes pero el maltrato de mujeres en mexico juay de rito no dice nada porque proteje a los delincuentes y dice juay de rito que se siente orgulloso ser parte del equipo de malandros
ResponderEliminarComo dijo salinas no oigo,no veo y aqui no paso nada...pinche FECAL fue una desgracia para el pais..y todavia dice que espera el juicio ante la corte penal internacional ya que no debe nada..
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