2012/08/23

Activistas llevarán caso de matanza en San Fernando a la Corte Internacional

MÉXICO, D.F. (apro).- La masacre de 72 inmigrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, hace dos años, fue recordada este martes en el Distrito Federal por activistas defensores de derechos humanos, clérigos y académicos, quienes anunciaron que acudirán a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para pedir que investigue los hechos que siguen en la impunidad.

Reunidos en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), más de una treintena de activistas recordaron hoy a los 72 migrantes de origen hondureño, salvadoreño, guatemalteco, ecuatoriano y brasileño que fueron asesinados en San Fernando por presuntos miembros de Los Zetas.

En el acto, que nombraron “Conmemoración del Segundo Aniversario de la Masacre de San Fernando: Estado Actual del Caso e Implicaciones de su Presentación ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)”, los activistas lamentaron que hasta ahora no se haya procedido contra uno solo de los responsables de la tragedia ya sea por acción u omisión.

Por ello señalaron que buscan llevar el caso a la CIJ, el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene su sede en La Haya.

Presente en el acto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, afirmó que las políticas migratorias del gobierno mexicano van encaminadas a que los inmigrantes no pasen hacia Estados Unidos y “es muy clara la impunidad en la que se deja actuar al crimen organizado en este momento”, dijo.

Así sucedió con la Mara Salvatrucha en Centroamérica, “constituye una política de terror”, afirmó.

Afirmó que las políticas migratorias del Estado mexicano “no son de apoyo o asistencia” a esas personas, sino de control a fin de evitar que lleguen a Estados Unidos.

El también miembro del Consejo de Garantes del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), advirtió que dejar en la impunidad los crímenes “significa alentar a las organizaciones criminales”.

La infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras de la función pública, abundó, está afectando “terriblemente” la vida del país, y el caso San Fernando ejemplifica esa complicidad.

Julio de Silveira Moreira, integrante de la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo, afirmó que las autoridades mexicanas han mostrado su “incapacidad” para resolver la masacre de Tamaulipas.

Tampoco, denunció, “han sido capaces de enviar los cuerpos identificados de los migrantes asesinados” a sus lugares de origen.

Comentó que en el caso de los cuatro brasileños que fueron masacrados en San Fernando, hay duda de que los restos entregados a los deudos sean de sus familiares porque se les prohibió abrir el ataúd, donde sólo había huesos que se niegan a reconocer que sean de sus parientes.

Dolores González Sarabia, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), alertó sobre la “pérdida” de migrantes, porque albergues del sur del país han recibido de cuatro mil a seis mil migrantes, pero los que llegan al norte de México son dos mil o mil.

“Hay una pérdida de migrantes en el camino, nadie sabe que está pasando, encontramos casas de seguridad con cientos de lugares para retener a las personas”, aseguró.

En su oportunidad el titular de la CDHDF, Luis González Plascencia, afirmó que hay una negación sistemática en México de la realidad sobre la guerra contra el crimen organizado, por lo que, dijo, se tiene que reaccionar “con mayor indignación”.

Consideró que ha habido un desplazamiento de la culpa, porque se afirma que la situación de violencia que sufren los migrantes es culpa de la delincuencia organizada.

“El tema no es ver quien tiene la culpa, sino quien tiene la responsabilidad de prevenir, resolver y generar las condiciones para que situaciones como la matanza de San Fernando, Tamaulipas, no vuelvan a ocurrir”, sostuvo.

Añadió que al parecer este hecho no fue suficiente para que el Estado mexicano diera una respuesta fuerte porque siguen desapareciendo las personas y se ha vuelto común descubrir fosas clandestinas.

Ni siquiera, fustigó, hay garantía para que los restos de las víctimas tengan un regreso digno a sus lugares de origen.

González Plascencia agradeció la labor de las personas que dedican su vida a defender los derechos de los migrantes ya que no es un tema exclusivo del gobierno federal.

De acuerdo con José Jacques y Medina, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, han desaparecido alrededor de 70 mil inmigrantes en tránsito.


1 comment:

  1. Mi pregunta es? Se hara justicia o sera comprara la justicia?

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