2012/08/22

Avala SCJN juicio sin fuero al crimen perpetrado por un militar

El ministro Sergio Valls. Foto: Benjamin Flores.
El ministro Sergio Valls. 
Foto: Benjamin Flores.



PROCESO, LA REDACCIÓN, 20 DE AGOSTO DE 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los deudos de Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado en 2009 en un retén militar en Huamuxtitlán, Guerrero, están legitimados para presentar un juicio de amparo para evitar que el soldado responsable de la muerte de su familiar sea juzgado en el fuero castrense.

Además, los ministros avalaron que los familiares del indígena nahua sean reconocidos como coadyuvantes en el proceso penal que se sigue contra el soldado de infantería Valentín Alejo Hilario, acusado del delito de homicidio culposo.

Durante la discusión en torno de los amparos sobre los límites del fuero militar, los ministros votaron la parte del proyecto de dictamen elaborado por Olga Sánchez Cordero, en el que se reconoce la legitimidad de los deudos.

A la posición asumida por la ministra se sumaron Arturo Zaldívar, Jorge Pardo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío y Sergio Valls, quienes señalaron que debe ser reconocido el derecho de los quejosos para que el proceso sea llevado por el fuero civil.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos votaron en contra, por considerar que los familiares de Bonfilio Rubio Villegas no tenían derecho a impugnar la competencia del juez sexto militar, quien concedió auto de formal prisión en contra de Valentín Alejo Hilario por el delito de homicidio culposo.

Con esa votación, los ministros rechazaron los argumentos del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien había señalado que los deudos no estaban legitimados porque “no había auto concreto de aplicación en su contra” y porque los quejosos no acreditaron de forma fehaciente tener interés jurídico.

Consideraron que era suficiente con retomar el recién reformado artículo primero constitucional que amplió la protección a los derechos humanos, así como la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla –en el sentido de que el fuero militar no aplica cuando se cometa un delito en contra de civiles o que no tenga que ver con la disciplina castrense– para conceder el amparo a los quejosos.

De acuerdo con Zaldívar, la CIDH ha dicho que las víctimas de delitos y sus familiares deben ser considerados víctimas y que se debe permitir que sean parte de los procesos.

“No sólo es obligación constitucional e internacional del Estado mexicano (reconocer este derecho), sino ética del Estado mexicano”, puntualizó.

No obstante, Aguirre Anguiano señaló que no se puede hablar del derecho de cualquier familiar, sino que deben ser los sucesores legítimos de la víctima.

“Hablar de parientes y familiares es muy delicado. Si van a reemplazar a la víctima que ya no es más (que ya murió), cuando menos que sean los sucesores legítimos”, insistió.

En la sesión, que duró alrededor de una hora, Luna Ramos sostuvo que su voto en contra del proyecto se debe a que la reforma constitucional de 2008, que reconoce interés jurídico de los deudos de una víctima para presentar amparo en el que impugnen no sólo la reparación del daño sino cualquier acto en el proceso penal o durante la averiguación previa, aún no ha entrado en vigor y, por tanto, no es aplicable.

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