2012/08/30

El colapso del sistema de salud y el ANSA

Por: Alejandro Calvillo
En: Sin Embargo

El deterioro de los hábitos alimentarios en México ha llevado a que los gastos directos e indirectos por sobrepeso y obesidad, que en 2009 la Secretaría de Salud estimó en 67 mil millones de pesos, estén alcanzando este año los 100 mil millones de pesos, y se calcule que lleguen a alrededor de los 160 mil millones al fin de la siguiente administración. 

Los datos puramente económicos ocultan el drama humano provocado por la incapacidad del sistema de salud para enfrentar las consecuencias de esta epidemia, como lo es la diabetes. Decenas de miles de personas  requieren diálisis y el Seguro Popular no lo cubre. 

A miles de personas se les ha amputado un miembro porque es más barato hacerlo que salvárselo a través de un largo y costoso tratamiento. Miles de personas que están perdiendo la vista por la diabetes, podrían haberlo evitado si existieran campañas que promovieran y facilitaran que toda persona con diabetes acuda al oftalmólogo una vez al año. 


Esta es la realidad que no ve el economista secretario de Salud, Salomón Chertorivsky, para quien el sistema de salud pública del país se encuentra “saludable”. En la administración panista, entre el año 2000 y el 2006 se registró en México, con base en las encuestas de nutrición, el mayor incremento en sobrepeso y obesidad infantil en el mundo. Entre 1999 y 2006 aumentó el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años, alrededor de 40%. De acuerdo al Informe sobre México del Relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, en ese periodo se duplicó el consumo de bebidas azucaradas, fue así como nos convertimos en los mayores consumidores de refrescos. 

El propio Relator habló de la Cocacolización de México. A principio de 2010, Felipe Calderón, presentó en un evento conjunto del poder ejecutivo con la industria procesadora de alimentos y bebidas, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA), la pretendida estrategia  para el combate de la obesidad en México. 

La estrategia, de origen, nació muerta. Se trataba de un acuerdo no sustentado en una ley, sin asignación de recursos, sin mecanismos de obligatoriedad, sin seguimiento, sin sanciones, al gusto de las empresas que se niegan a acatar cualquier tipo de regulación. No se regulaba a las empresas, no se exigía a las dependencias. 

El Acuerdo presentaba 10 objetivos y 17 dependencias gubernamentales tomaron compromisos con acciones específicas para, supuestamente, cumplirlos. Nos dimos a la tarea de solicitar, a través del IFAI, a cada una de esas dependencias la información sobre sus avances en los compromisos que adquirieron en el ANSA. 

En un gran número de casos las respuestas fueron: “no se contó con los recursos financieros necesarios” o  “no es competencia de esta institución” (a pesar de que el compromiso lo habían firmado en el ANSA). Entre los objetivos se estableció el desarrollo de un etiquetado que oriente a los consumidores a elecciones saludables. 

La Secretaría de Salud y la Cofepris no sólo no cumplieron con este objetivo, al contrario, avalaron un etiquetado desarrollado por las empresas que engaña a los consumidores y los induce a un mayor consumo de azúcar. Otro objetivo del ANSA estableció “aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple”. 

Ningún programa se ha desarrollado para instalar bebederos de agua purificada en las escuelas. Los mayoría de los niños de este país no cuentan con acceso gratuito a agua purificada en las escuelas.  Y así puede seguirse con los 10 objetivos del ANSA. 

Entrar a las entrañas del ANSA es sumergirse en el caos de la administración pública, que se agudiza con este instrumento sin dientes, sin recursos, sin autoridad. Sin duda, Felipe Calderón no quiso enfrentar a las empresas procesadoras de alimentos, como se ha hecho y se está haciendo en otros países, para evitar que el sobrepeso y la obesidad avancen, junto con todas sus consecuencias. 

Calderón presentó un Acuerdo pactado con aquellos que son juez y parte: las empresas. Lo más visible del ANSA son los lineamientos para el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica.

La manera en que las empresas intervinieron para modificar la versión original de los lineamientos, logrando quedarse con sus productos y sus marcas al interior de los planteles, da evidencia documental del sometimiento de las políticas de salud pública a los intereses de las grandes corporaciones de alimentos y bebidas. 

Además, los lineamientos, como el ANSA, no tienen obligatoriedad, su implementación depende de consejos escolares que, en la mayor parte de los casos, no existen. 

En algo coinciden los funcionarios internacionales que conocen la dimensión del problema que enfrentamos: las autoridades han claudicado frente a los intereses de las corporaciones. 

José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, declaró que las regulaciones no se habían implementado por la acción de los “Lobbystas” de las empresas; Olivier de Schutter, Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, en su informe sobre México, señala  que ConMéxico (órgano que agrupa a las corporaciones de alimentos y bebidas) ha actuado para bloquear las regulaciones que se requieren; y, Philippe James, presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre la Obesidad, declaró que en ningún lugar del mundo ha visto la influencia de estas corporaciones como en México. 

Se han perdido seis años más y esto significa un aumento en la estadísticas de morbilidad y mortalidad, de deterioro de la calidad de vida de millones de personas, de crisis en  las financias públicas y familiares. 

Requerimos urgentemente una Ley de combate a la obesidad que establezca regulaciones claras (prohibición de la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia, nuevos etiquetados en productos que orienten las decisiones de los consumidores, garantizar el acceso gratuito a agua purificada en bebederos en escuelas y espacios públicos y privados, impuestos a los refrescos para la introducción de estos bebederos, programas de abasto de alimentos frescos y saludables, etc.) y la elección de autoridades en salud que sean profesionales de la salud pública y que estén libres de conflicto de interés. 

Si los comisionados electos para el IFAI, el IFE y otros organismos , deben cumplir con criterios que establecen, entre otras cosas, su nivel profesional en la materia y su libertad de conflicto de interés, con mayor razón deberían de aplicarse en el caso del secretario de Salud, del comisionado de COFEPRIS y de los principales funcionarios en el sector Salud.  ConMéxico está feliz de contar con un secretario de Salud y un comisionado de COFEPRIS acordes a sus intereses, que defienden la autorregulación empresarial y los etiquetados engañosos que han desarrollado. 

Que mejor que un secretario de Salud que impulsa campañas ridículas contra la obesidad con luchadores, beisbolistas y futbolistas, mientras la publicidad de refrescos y comida chatarra inunda la difusión de estos eventos en los medios de comunicación. 

Mejor que pierda su tiempo en eso y no realizar campañas contra el consumo de refrescos como se está haciendo en varias regiones del mundo, mejor a que proponga una regulación de la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia, mejor a que sancione a las empresas que han desarrollado etiquetados que engañan a los consumidores. 

Qué mejor para el “status quo” que la simulación, el no hacer nada.  Mientras, el drama se agudiza, continúa, con un sistema de salud en quiebra.

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