Por: Redacción / Sinembargo - agosto 8 de 2012 - 10:56
Apenas el pasado lunes, el diario a.m dio a conocer que en seis años el índice de asesinatos de mujeres en Guanajuato se ha triplicado. Según el rotativo, en 2006 ocurrían en promedio 1.6 homicidios de mujeres cada mes, mientras que en 2012 han ocurrido en promedio 5.1 mensualmente.
En suma, durante el sexenio, van 254 asesinatos de mujeres, según un informe estadístico de la Procuraduría estatal. León ocupa el primer lugar con 39 casos, que representan el 15% del total del sexenio, le siguen Celaya con 32 casos (12.5%) e Irapuato con 25 crímenes (9.8% del total).
Sin embargo, la dependencia sólo reconoce un feminicidio en el actual sexenio e incluso se niega a proporcionar información de este tema, por lo que la cifra oficial continúa en duda. Ayer, el Observatorio Ciudadano denunció que ha solicitado información sobre sobre violaciones y agresiones a mujeres a la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE), pero ésta se la ha negado.
De acuerdo con Margarita Ortega, coordinadora del Sistema de Indicadores para la Gobernanza Urbana (SIGU), del Observatorio Ciudadano, el organismo ha solicitado a la PJE en diversas ocasiones los informes con el objetivos de completar estadísticas, pero hasta ahora no cuenta con los datos.
“La percepción es que se tiene resistencia a aceptar esta tipificación de feminicidio porque ya hay muchos, y en León es donde más se da, detectamos que hay menos ministerios públicos a comparación de los delitos que se presentan en la población, hacen falta más agencias de atención para este tipo de violencia en la familia para facilitar en la población la denuncia”, expresó Margarita Ortega a a.m. y remató: “Entre más indagamos descubrimos que es la cultura machista la que determina lo que vive la mujer y los problemas de discriminación y violencia”.
Pero en Guanajuato no sólo se ve un incremento de feminicidios, también de medidas y acciones polémicas que lo sitúan como uno de los estados donde la represión es característica:
GUANAJUATO: ORGANOS DE JUSTICIA POLÉMICOS
En los últimos años, los gobiernos de Guanajuato se han convertido en un problema de derechos humanos, no sólo por ocultar información como acusa el Observatorio Ciudadano, también es la entidad con mayor número de mujeres presas abortar, acto que calificado como delito de homicidio en razón de parentesco.
Según Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de Las Libres, asociación defensora de derechos de la mujer, entre 2010 y 2012 un total de 35 mujeres guanajuatenses han sido acusadas e investigadas por abortar. Cruz Sánchez informó que la mujeres son originarias de León, Irapuato, Salamanca y Celaya.
Tan sólo en 2010, siete mujeres fueron encarceladas y sentenciadas a penas de hasta 30 años de prisión por haber sufrido abortos espontáneos a falta de una correcta atención médica.
Tras un juicio, fueron liberadas en septiembre de ese año. En 2010, bajo el mandato de Juan Manuel Oliva, el gobierno estatal negó que existieran mujeres detenidas por este delito.
Pero la tipificación del aborto como delito no es el único problema al que se enfrentan las mujeres en Guanajuato, también está el manejo de justicia en la entidad.
La dirigente de Las Libres dice que las investigaciones contra las mujeres detenidas por abortar han recaído en el Ministerio Público, por lo que se sabe poco de las resoluciones que se toman.
“El MP sigue teniendo el monopolio de la investigación, todavía no sabemos cuántos van a consignar y de ésas, cuántas van a pisar la cárcel, lo peor del caso es que es muy posible que mujeres cometieran el delito de aborto y se les sentencie por homicidio en razón de parentesco”, manifestó la defensora social.
Guanajuato se ha caracterizado por sus leyes y propuestas polémicas, a mediados de enero de 2009, el entonces edil de Guanajuato, el panista Eduardo Romero Hicks, informó que los “besos olímpicos” en la vía pública serían castigados con penas de hasta 36 días de prisión y 1,500 pesos de multa.
Asimismo, para impulsar las “buenas costumbres”, el Ayuntamiento de Guanajuato, con mayoría panista, aprobó un nuevo bando de Policía y Buen Gobierno que sancionaría a quienes pidieran limosna, fueran ambulantes, hicieran manifestaciones, profirieran groserías, no usaran los puentes peatonales, a los limpiaparabrisas y a los promotores turísticos.
Sin embargo, pocos días después reculó sus declaraciones y dijo que con ”besos olímpicos” se refería a “tocamientos obscenos” y envió un boletín de prensa donde dio a conocer que solicitaría al Ayuntamiento se turnara la propuesta a la Comisión de Asuntos Legislativos del cuerpo edilicio para que fuese revisado y enriquecido con las propuestas ciudadanas, por lo que no entrarían en vigor las medidas.
Los abusos no sólo se dan en las altas esferas gubernamentales, la policía guanajuatense también ha dado de qué hablar y ha protagonizado episodios polémicos de claros abusos de poder.
El 23 de julio seis integrantes del movimiento estudiantil #YoSoy132, mayoría mujeres, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal leonesa durante una marcha.
Un video comenzó a circular por las redes y mostraba que las manifestantes fueron literalmente cargadas por los policías, quienes las subieron a la parte trasera de las patrullas, mientras que los asistentes a la manifestación gritaban: “¡Suéltenlos, suéltenlos; represión, represión!”
Por su parte, el alcalde de León, Ricardo Sheffield, expresó en su cuenta de Twitter: “Que a los ciudadanos les quede claro: si las instancias competentes, determinan que hubo excesos, se sancionarán”.
Asimismo, justificó el uso de la fuerza al decir que “fue necesaria porque los manifestantes no garantizaban que se diera una libre circulación del Sistema Integrado de Transporte (SIT)”.
El hecho fue condenado severamente por la sociedad civil, que a través de una carta dirigida al gobernador de Guanajuato, Héctor López Santillana, al presidente municipal de León y a la ciudadanía, explicó, según su versión, los hechos. En el comunicado, difundido en Facebook, aseguraron que hubo abuso de autoridades y que ellos reaccionaron de manera pacífica.
GUANAJUATO: ORGANOS DE JUSTICIA POLÉMICOS
En los últimos años, los gobiernos de Guanajuato se han convertido en un problema de derechos humanos, no sólo por ocultar información como acusa el Observatorio Ciudadano, también es la entidad con mayor número de mujeres presas abortar, acto que calificado como delito de homicidio en razón de parentesco.
Según Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de Las Libres, asociación defensora de derechos de la mujer, entre 2010 y 2012 un total de 35 mujeres guanajuatenses han sido acusadas e investigadas por abortar. Cruz Sánchez informó que la mujeres son originarias de León, Irapuato, Salamanca y Celaya.
Tan sólo en 2010, siete mujeres fueron encarceladas y sentenciadas a penas de hasta 30 años de prisión por haber sufrido abortos espontáneos a falta de una correcta atención médica.
Tras un juicio, fueron liberadas en septiembre de ese año. En 2010, bajo el mandato de Juan Manuel Oliva, el gobierno estatal negó que existieran mujeres detenidas por este delito.
Pero la tipificación del aborto como delito no es el único problema al que se enfrentan las mujeres en Guanajuato, también está el manejo de justicia en la entidad.
La dirigente de Las Libres dice que las investigaciones contra las mujeres detenidas por abortar han recaído en el Ministerio Público, por lo que se sabe poco de las resoluciones que se toman.
“El MP sigue teniendo el monopolio de la investigación, todavía no sabemos cuántos van a consignar y de ésas, cuántas van a pisar la cárcel, lo peor del caso es que es muy posible que mujeres cometieran el delito de aborto y se les sentencie por homicidio en razón de parentesco”, manifestó la defensora social.
Guanajuato se ha caracterizado por sus leyes y propuestas polémicas, a mediados de enero de 2009, el entonces edil de Guanajuato, el panista Eduardo Romero Hicks, informó que los “besos olímpicos” en la vía pública serían castigados con penas de hasta 36 días de prisión y 1,500 pesos de multa.
Asimismo, para impulsar las “buenas costumbres”, el Ayuntamiento de Guanajuato, con mayoría panista, aprobó un nuevo bando de Policía y Buen Gobierno que sancionaría a quienes pidieran limosna, fueran ambulantes, hicieran manifestaciones, profirieran groserías, no usaran los puentes peatonales, a los limpiaparabrisas y a los promotores turísticos.
Sin embargo, pocos días después reculó sus declaraciones y dijo que con ”besos olímpicos” se refería a “tocamientos obscenos” y envió un boletín de prensa donde dio a conocer que solicitaría al Ayuntamiento se turnara la propuesta a la Comisión de Asuntos Legislativos del cuerpo edilicio para que fuese revisado y enriquecido con las propuestas ciudadanas, por lo que no entrarían en vigor las medidas.
Los abusos no sólo se dan en las altas esferas gubernamentales, la policía guanajuatense también ha dado de qué hablar y ha protagonizado episodios polémicos de claros abusos de poder.
El 23 de julio seis integrantes del movimiento estudiantil #YoSoy132, mayoría mujeres, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal leonesa durante una marcha.
Un video comenzó a circular por las redes y mostraba que las manifestantes fueron literalmente cargadas por los policías, quienes las subieron a la parte trasera de las patrullas, mientras que los asistentes a la manifestación gritaban: “¡Suéltenlos, suéltenlos; represión, represión!”
Por su parte, el alcalde de León, Ricardo Sheffield, expresó en su cuenta de Twitter: “Que a los ciudadanos les quede claro: si las instancias competentes, determinan que hubo excesos, se sancionarán”.
Asimismo, justificó el uso de la fuerza al decir que “fue necesaria porque los manifestantes no garantizaban que se diera una libre circulación del Sistema Integrado de Transporte (SIT)”.
El hecho fue condenado severamente por la sociedad civil, que a través de una carta dirigida al gobernador de Guanajuato, Héctor López Santillana, al presidente municipal de León y a la ciudadanía, explicó, según su versión, los hechos. En el comunicado, difundido en Facebook, aseguraron que hubo abuso de autoridades y que ellos reaccionaron de manera pacífica.
LA REPRESIÓN EN LEÓN
Pero Ricardo Sheffield ya tiene trayectoria polémica, es el mismo que intentó cobrar por ver al Papa durante su visita del pasado 23 de marzo. De origen panista, el edil es también conocido por sus exabruptos.
Sheffield reclamó a reporteros porque se publicaron notas sobre su intención de cobrar por ver a Benedicto XVI: “Ya no me vayan a armar otro desmadre”, les dijo. El fin de semana pasado, el alcalde tuvo que disculparse con un ciudadano luego de que polícias lo detuvieran por darle un beso a su esposa en la vía pública.
El jueves dos de agosto, Mayra y Manuel Berumen, un profesor universitario, caminaban junto con su hijo por la Plaza Expiatorio en León, Guanajuato. Durante la caminata se besaron, lo que despertó el enojo de una señora que los acusó de indecentes.
La mujer colérica le gritó todas clase de cosas a la pareja, que la confrontó por su actitud. Ambas partes recurrieron a las autoridades, mismas que detendrían a Manuel en un acto que fue calificado como un exceso de ridiculez.
Tras quedar en libertad, el docente realizó un plantón afuera de la Presidencia Municipal para acusar represión de la policía. Ante los hechos, Sheffield informó que pidió iniciar una investigación de oficio en contra de los elementos de policía que detuvieron al señor Berumen, a quien ofreció una disculpa por la “arbitrariedad y falta de criterio” con que actuaron los policías.
El caso de censura movió a los cibernautas en las redes sociales, donde comenzó a circular una invitación para unirse a una singular protesta por medio de besos. Los manifestantes acudieron el domingo 5 de agosto a la Plaza del Expiatorio y, en parejas, se besaron en apoyo a Berumen. Tras “El Besucón”, Sheffield dijo que los besos “son muy saludables. Se los recomiendo”.
En días pasados, se reveló que el 29 de julio una pareja fue golpeada y detenida, presuntamente sin motivo aparente, por policías preventivos del municipio. Adrián González Castillo y su esposa Ana Cristina Torres Rocha denunciaron a los elementos policiacos por daños físicos, en su auto e invasión a propiedad privada.
La pareja narró que los uniformados los llevaron a un terreno baldío donde los golpearon y amenazaron de muerte. “Cuando a mí me bajaron de la patrulla ya estaban golpeando a mi esposa y uno de los policías me decía: ´¿No vas a sobar a tu perrita?, ¿quieres que la sobe yo’, defiende a tu zorrita´, ya tenían a mi mujer en el piso, ahora está toda moreteada”, afirmó González.
De acuerdo con la familia, los policías los detuvieron sin justificación alguna y denuncian que siguen siendo perseguidos y vigilados por las autoridades.
EL MUNICIPIO DE LAS QUEJAS
El municipio de León es el más señalado por violar los derechos humanos. El Sol de León publicó el 26 de julio pasado que la administración encabezada por Ricardo Sheffield ha sido la más denunciada de los últimos nueve años, según informó el Contralor Municipal, José Cruz Hernández Moreno.
“Les adelanto que ha sido una Contraloría con una gran actividad, durante todo el trienio abrimos 3 mil 285 expedientes de quejas y denuncias, que equivalen a tres administraciones anteriores, o sea nueve años de gobierno, que es algo inédito”, aseveró Hernández Moreno al rotativo local.
Pero ante una considerable lentitud de respuesta a las quejas, que pasó de 120 a 45 días, es probable que los quejosos no reciban una solución a su problema de manera inmediata.
La inconformidad de los leoneses le cobró factura a Acción Nacional, pues en las pasadas elecciones perdió esta alcaldía tras 23 años de hegemonía blanquiazul, por lo que Sheffield deberá entregar el poder a Bárbara Botello Santibáñez, quien fuera postulada por el PRI.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/08-08-2012/325817.
Guanajuato y todo el Bajío, Morelia, Querétaro, Guadalajara, Sinaloa, Monterrey, al norte no hay para donde voltear porque te los encuentras por doquier, son una sociedad altamente machista donde la mujer tiene derechos muy limitados o ninguno, son objetos de reproducción humana, y es un delito grave el aborto, la iglesia tiene una influencia dominadora, por eso el norte tiene graves diferencias con el centro del país. Por eso optan por el pan, es su sello de distición contra los del centro, por ello quienes no son corruptos como los priístas optan por ese partido, SOLO POR DISTINGUIRSE, POR NO SER COMO LOS DEL D.F., NO MAS POR ESO. ES UN ODIO CIEGO, SIN SENTIDO, SEMBRADO POR LA CLASE ALTA DE ESOS MISMOS ESTADOS, NO SE DAN CUENTA QUE SOLO PROMOVIERON ESE ODIO PARA IMPONER SUS FUEDOS, "LOS TRABAJADORES DE ALLÁ SON DIFERENTES A LOS DE ACÁ", ESO LES HICIERON CREER Y LA IDEA SE LA COMPRARON... Y, NO, LOS EXPLOTADOS DE ALLÁ SON IGUALITOS A LOS DE ACÁ, EN EL D.F., OJALÁ TENGAN EL VALOR DE RECONOCER SUS PROBLEMAS EN LOS NUESTROS.
ResponderEliminarHaciendo historia mis padres emigraron de Guanajuato al D.F. buscando trabajo y servicios de salud, escuela para sus hijos, allá por el año de 1954, tengo parientes allá, son campesinos, muchos de mis jóvenes primos se fueron a los E.U. buscando su propio progreso, eso ocurre a la fecha. El D.F. está hecho de inmigrantes de toda la república, eso somos.
La emigración de la gente se sigue dando en el país ante la falta de oportunidades, del norte, del centro, del sur de México.