2012/08/28

Juez federal del michoacanazo, Efraín Cázares López, es ahora acusado de lavado de dinero

La SIEDO libró desde el 3 de junio una orden de presentación y localización contra Efraín Cázarez López.
En junio, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió de forma indefinida al juez primero de distrito con sede en Morelia, Efraín Cázares López, quien hace casi dos años liberó por falta de pruebas a prácticamente todos los ex funcionarios y alcaldes de PAN, PRI y PRD detenidos en el evento conocido como el michoacanazo, todos ellos acusados de proteger a un grupo de la delincuencia organizada que opera en la entidad. 

Ligan con lavado a juez de michoacanazo 

REFORMA / Redacción 

La PGR indaga por lavado de dinero al juez del michoacanazo, Efraín Cázares López, porque asegura que ocultó en sus declaraciones patrimoniales sus inversiones en una gasolinera y porque un testigo protegido declaró haberle sobornado. [¿Entonces cuándo irán a indagar a Enrique Peña Nieto, Murillo Karam, Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell?]

La SIEDO libró desde el 3 de junio una orden de presentación y localización contra quien fuera suspendido del cargo de Juez Primero de Distrito de Morelia, así como contra la abogada Griselda Estela León Molina, dentro de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/002/2011.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la investigación contra Cázares llevó a la SIEDO a intervenir por lo menos 10 teléfonos a lo largo del primer semestre de 2011, en el que se detectaron informaciones que presuntamente comprometían al juzgador.

La indagatoria contra Cázares tiene prácticamente el mismo formato que usa la SIEDO contra cualquier miembro de la delincuencia organizada: una denuncia anónima, algún dato concreto verificable y el dicho de por lo menos un testigo colaborador.

liberación de ex funcionarios detenidos en el operativo conocido como michoacanazo.
El testigo protegido que usa la PGR contra Cázares tiene el nombre clave de "Wicho" y es el mismo que ha contado a la SIEDO historias como las supuestas reuniones del perredista Gregorio "Greg" Sánchez con Joaquín "El Chapo" Guzmán, Juan José Esparragoza "El Azul" e Ismael "El Mayo" Zambada.

Nunca antes, que se tenga conocimiento, un testigo colaborador había declarado contra un juez federal. "Wicho" lo hizo en diciembre de 2011, en una diligencia donde afirmó que reconocía a Cázares como la persona a quien pagó sumas de dinero, de parte del crimen organizado.

Supuestamente le habría dado dinero en dos ocasiones en el estacionamiento de una plaza comercial en Morelia. El testigo protegido habría manifestado que el juez se encargaría de arreglarles un asunto penal que estaba en Guadalajara.

Según la información obtenida, la PGR sostiene que el juez Cázares presuntamente tiene acciones en una gasolinera, aunque en el acta constitutiva de 2002, no aparece su nombre. Quien aparece relacionada es su hermana Yuriria Cázares López.

En específico, comentaron fuentes consultadas, Cázares sería accionista o tendría algún tipo de representación de la Franquicia denominada Santa Rita de Casia S.A. de C.V., lo cual no manifestó en sus declaraciones patrimoniales de 2000 a 2009.

El contrato de franquicia y suministro a esta gasolinera data del 16 de diciembre de 2003 y fue celebrado entre Pemex Refinación y José Salud Torres Villicaña, como concesionario y administrador Servicio Santa Rita de Casia.

Otro dato sobre el cual se han extendido las pesquisas es el inmueble de Cerro de San Mateo 529, en el exclusivo Club de Golf Tres Marías de Morelia, Michoacán, el cual generó el pleito entre autoridades ministeriales y judiciales, porque en dos ocasiones se negó su cateo.

En esta casa aparentemente vivía el juez Cázares, pero de acuerdo con una escritura del 24 de abril de 2007, fue comprada por Griselda Estela León Molina en un fideicomiso de Banca Afirma. En la adquisición, el juez Cázares firma como compareciente.

Cázarez es hoy el objeto de la discordia entre la PGR y el Poder Judicial de la Federación, pues aquella solicitó en dos ocasiones órdenes judiciales de cateo contra su domicilio en Morelia, sin conseguirlo, lo que dio lugar a que la SIEDO pidiera las aprehensiones de los juzgadores que negaron los cateos.

El juzgador estaba en la mira de la PGR desde el 30 de septiembre de 2010, cuando la PGR presentó una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por otorgar una suspensión que permitió a Julio César Godoy asumir la investidura de diputado federal, con su respectivo fuero.

El 17 de diciembre de 2010 la SIEDO recibió una denuncia anónima contra el juez y algunos abogados y en marzo de 2011 se intervinieron los teléfonos de varios indiciados. El 1 de junio siguiente Cázares fue suspendido por el CJF. 

Con información de la Jornada Michoaca'n y Reforma:






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