2012/08/24

Resumen de una pugna pos la libertad de expresión: Opiniones caso MVS: Meyer, Sarmiento, López Dóriga…



Las acusaciones del presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, sobre la supuesta presión que ejerció el gobierno federal para que la empresa pudiera renovar sus concesiones de la Banda de 2.5 MHz a cambió de que despidieran a la periodista Carmen Aristegui, es el tema sobre el que escribieron el jueves varios columnistas de los principales diarios de México.

Algunos cuestionan quiénes son los beneficiados y los afectados en este conflicto, otros analizan las posturas y tratan de desmenuzar quien es el responsable de la situación, ya que mientras uno señalan al gobierno federal, otros señalan a Joaquín Vargas.

Estas son algunas de las opiniones en columnas publicadas en la prensa este día:


Lorenzo Meyer, ‘Quién consigue qué, cómo y cuándo‘, Reforma (jueves 23 de agosto):

Para analizar el choque entre el jefe del Poder Ejecutivo y MVS a la luz de la definición de política de Lasswell, conviene empezar no por el “quién” consigue “qué”, sino por el qué se busca conseguir. En este caso lo que se disputa es la explotación de unas frecuencias (las de la banda de 2.5 GHz) que en los años noventa del siglo pasado -cuando el desarrollo tecnológico no permitía prever su importancia- el gobierno le otorgó a la empresa creada por el fallecido empresario neoleonés Joaquín Vargas Gómez. La banda se otorgó a Frecuencia Modulada Mexicana que más tarde sería MVS Comunicaciones. En 1967, Vargas Gómez puso en marcha la primera estación de radio en FM en México y con el correr del tiempo su empresa extendió sus operaciones a televisión por cable y satelital y a otros países. Obviamente la importancia de MVS es secundaria frente a Televisa, pero con la banda de 2.5 GHz, MVS pudiera llegar a ser una competidora real para la megaempresa.

Por la naturaleza de la transformación tecnológica, hoy los 2.5 GHz resultan ideales para dar servicios de banda ancha móvil de nueva generación. Como el espectro radioeléctrico es de la nación, quien lo explote debe pagar al Estado por ello. Según la Secretaría de Hacienda, MVS ofreció una contraprestación de apenas 104 millones de pesos por una frecuencia que la dependencia estima en 27 mil millones de pesos, aunque en otros países de América Latina se ha cobrado mucho menos por una concesión semejante (Reforma, 20 de agosto). Por su parte, MVS sostiene que lo central de su oferta no son los 104 millones de pesos, sino una fuerte inversión para ofrecer al público un internet más barato y rápido que el actual.

Como sea, el 8 de agosto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que no renovaría las concesiones que ya habían vencido en la banda en cuestión y que “rescataría” las 68 aún vigentes, controladas en su mayoría por MVS. El objetivo final, se dijo, es licitar de nuevo lo “liberado” para que se use a plenitud los 2.5 GHz y hacer de México un país realmente competitivo en telecomunicaciones. En principio, la argumentación oficial tendría sentido pero sólo si no hubiera existido previamente la oferta de MVS de ser ella la que llevara a cabo la modernización a bajo precio para el usuario.

QUIÉN

Para seguir con Lasswell. ¿Quién se beneficia con unas cancelaciones de concesiones cuando quien la hace ya no tiene tiempo para ejecutar la parte constructiva del proyecto? Al no permitir que MVS use a plenitud los 2.5 GHz, se mantiene un status quo que, por definición, protege los intereses de la empresa hoy dominante en ese campo: Televisa, cuyo carácter avasallador se acaba de acentuar con su asociación con TV Azteca, su competidora, en Iusacell.

Si las frecuencias expropiadas finalmente se licitan y Televisa las llega a ganar, entonces el dominio de la megaempresa aumentará de manera escandalosa. Si Telcel, propiedad de Carlos Slim, también se beneficiara de la licitación, habría competencia pero a costa de afianzar aún más a los dos grupos económicos más fuertes de México, cuyo poder ya es un problema serio para la salud política y económica del país, y se acentuaría la naturaleza oligárquica del sistema.



Sergio Sarmiento, MVS y Aristegui, Reforma (jueves 23 de agosto):

El propio Vargas parece haber aceptado en sus intercambios tanto con Alejandra Sota como con Javier Lozano que Aristegui cometió una falta ética. En la información que ha dado a conocer señala que le molestó particularmente el hecho de que Aristegui haya revertido la carga de la prueba al exigir que el Presidente demostrara públicamente que no es un alcohólico (cosa que quizá sea imposible para cualquiera, aun el más sobrio de todos) en lugar de que se presentaran pruebas de su supuesto alcoholismo. Ya sea que hubiera sido redactado por él o por Sota, Vargas sometió a Aristegui un texto de disculpa y cuando ella se negó a leerlo la destituyó como conductora. Posteriormente tomó la decisión de contratarla nuevamente.

Todos los medios de comunicación cubrieron la sesión de la Cámara de Diputados en que Fernández Noroña, quien nunca se ha caracterizado por su moderación como político, presentó en una manta sus acusaciones contra el Presidente. Cada uno adoptó sus propias posiciones editoriales. Aristegui decidió exigir al Presidente que demostrara que no es un alcohólico. Mucha gente, incluido el abogado y ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, quien hoy lleva el caso de MVS contra el gobierno por la banda de 2.5, consideró que ésta era una demanda excesiva.

Si lo fue, no considero que sea un motivo para destituir a la conductora (aclaración de interés, yo compito con ella en otro programa radiofónico). Coincido con Vargas en que quien acusa tiene la responsabilidad de presentar las pruebas. De hecho, nadie puede presentar pruebas de que no es… lo que quiera que se diga que uno es.

En lo personal he conocido a Felipe Calderón desde hace muchos años, desde los tiempos en que era secretario general del PAN. Nunca lo he visto beber en exceso, ni ahora que es Presidente ni cuando no lo era. No he visto, por otra parte, a nadie que presente pruebas de que haya abusado de la bebida.

El tema es importante. Los medios y los periodistas tenemos derecho a mantener nuestros principios éticos. Éstos a veces pueden ser diferentes, pero en caso de falta debe ser el público el que juzgue finalmente.



Joaquín López Dóriga, Carmen, la agraviada, Milenio (jueves 23 de agosto):

Una y otra vez, hasta en cinco ocasiones, Vargas mostró comunicaciones dirigidas a Sota, en las que se dice indignado con la forma en que Aristegui informó sobre un supuesto problema de alcoholismo de Felipe Calderón, cargando la prueba al señalado y no a quien hacía la imputación, Gerardo Fernández Noroña, como obliga, dijo repetidamente, su código de ética.

Vargas dio a conocer que entonces le ofreció a Sota la remoción de Aristegui y que estuvieron en permanente contacto hasta que el domingo 6 de febrero de 2011, MVS anunció pública y formalmente que había sido despedida por violar su código de conducta y negarse a ofrecer la disculpa que el mismo Vargas le había exigido para continuar al aire.

El lunes 7 apareció otro conductor en el espacio de Carmen.

Joaquín Vargas, reveló a su vez Sota, antes de hacerlo público, le mandó el comunicado en el que anunciaba la salida de Aristegui, y le marcó copia del informe que envió a sus accionistas: El día de hoy estamos rescindiendo la relación laboral con Carmen Aristegui en virtud de que violentó el código de ética que nos rige. El pasado viernes, Carmen esparció y difundió rumores que resultan falsos de toda falsedad, sin contar con evidencia alguna.

Lo revelado ayer por Vargas y la feroz crítica que le hizo el sábado en Reforma el abogado de MVS, Fernando Gómez Mont, convierten a Carmen en la principal agraviada, al documentarse cómo se le utilizó como moneda de cambio ante el poder, al encarecer, con prontitud, el valor y peso de su despido.



Salvador García Soto, Caso MVS: incongruencias, 24 Horas  (jueves 23 de agosto):

Ahora que una parte y la otra han empezado a mostrar documentos y pruebas de sus dichos contrapuestos, también empiezan a aflorar inconsistencias e incongruencias de los dos lados. Por un lado, el reservado Joaquín Vargas, convertido hoy en fajador contra el gobierno en defensa de su interés económico, y por el otro los miembros del gabinete del presidente Calderón señalados por participar en una intriga que los identifica como represores y viles negociantes de los bienes públicos.

La primer incongruencia la cometió Joaquín Vargas. El empresario que dice haber sido objeto de chantaje del gobierno, envío una carta a los socios de MVS, en febrero del 2011, donde reconoce que fue su decisión despedir a Carmen Aristegui por considerar que había violado el Código de Etica de su empresa. Les dice también en esa carta, publicada ayer por 24 Horas, que ante la negativa de Carmen a disculparse o sólo hacerlo parcialmente, había decidido el despido.

Nunca dice Joaquín en esa carta, que él mismo redactó y envío a sus socios, que haya sido el gobierno quien pidió despedir a la periodista, como diría la semana pasada. ¿No será que él decidió correrla para quedar bien con el gobierno y luego venderle el favor del despido a cambio de que le arreglaran su asunto de MVS? Cuando decide recontratarla, sí había habido ya una serie de comunicaciones con los funcionarios de Calderón y ahí sí puede entenderse que haya habido presiones para que no la recontratara, pero del despido y de la petición de disculpa él nunca dice en aquella carta que hayan sido solicitadas por el gobierno.

Pero, del lado de la administración de Calderón también hay una gran incongruencia que exhibe que no fueron los intereses públicos los que los movieron en esta decisión de “rescatar” la codiciada banda 2.5. El principal argumento del gobierno es que Joaquín Vargas no quiso pagar el precio de 27 mil millones de pesos en el que fue valuada por expertos la banda de espectro radioeléctrico.

Y  no tenían porque regalársela, pero el argumento oficial queda en entredicho si se recuerda el caso de la famosa Licitación 21, en la que el gobierno entregó en su momento a las empresas Televisa y Nextel una banda radioeléctrica en 180 millones de pesos, cuando los expertos la habían valuado en 5 mil millones de pesos. Cuando se hizo el escándalo y el Grupo Iusacell  –entonces competidor de Televisa y hoy socio– impugnó la decisión en tribunales, el gobierno explicó que si estaba sacrificando el precio de la banda era en aras “de fomentar la competencia”. Finalmente Televisa dejó la sociedad ante las fuertes críticas por lo que se llamó “la ganga”, pero la SCT y la Cofetel autorizaron entregar esas frecuencias a Nextel en un precio infinitamente menor al valor real del espectro público.

¿En qué se diferencia el caso MVS y la codiciada banda 2.5 de aquella “ganga”? ¿Por qué en aquel caso las autoridades sí bajaron el precio de manera tan notoria en aras de “fomentar la competencia” y en éste se pusieron tan feroces y rigurosos en exigir que pagaran el valor real de la concesión? ¿Tiene que ver con la presencia en ambos casos de Televisa como actor interesado?  Porque Calderón en este sexenio le dio todo a la empresa de Emilio Azcarraga Jean, todo cuanto quiso y pidió, a cambio de su apoyo. No sería raro que se despidiera ofreciéndoles otra “ganga”.



Samuel García, La oferta de MVS, 24 Horas  (jueves 23 de agosto):

Pero más allá de las inusuales acusaciones planteadas por Vargas -y que ya han generado un necesario debate sobre la relación entre el gobierno y los medios- surgió otra controversia en la reunión de prensa a la que convocó MVS: La de las cifras.

José Antonio Abad, vicepresidente de finanzas de MVS, reiteró que la contraprestación económica que hicieron (y hacen, según insistió) al gobierno federal por los 190 MHz que poseen en concesión de la banda 2.5 GHz, fue por 859 millones de dólares o su equivalencia de 11 mil 164 millones de pesos.

La cifra que dio a conocer MVS es diametralmente distinta a los 104 millones de pesos que el 16 de agosto pasado señaló la Secretaría de Hacienda como la oferta que habría hecho MVS y que representa 0.34% de los 27 mil millones de pesos en que Hacienda valuó la concesión.

Evidentemente que la diferencia del monto señalado por uno y otro es abismal, incluso si se toman en cuenta las consideraciones metodológicas para realizar el cálculo. MVS asegura que esa oferta estuvo siempre sobre la mesa de negociación con la SCT; el gobierno federal lo desmiente. Alguien no está diciendo la verdad en cuanto a las cifras.

Lo cierto es que MVS ha puesto públicamente una cifra sobre la mesa como contraprestación por los 190 GHz que posee: 859 millones de dólares, cantidad que puede ser discutida, pero que contradice la idea de que MVS quiere que el gobierno “le regale” las concesiones como sugería el boletín de prensa de Hacienda y del que hizo eco buena parte de la prensa.



José Manuel Herrera, SHCP vs MVS, La Razón  (jueves 23 de agosto):

La empresa MVS aclaró ayer su propuesta para el pago de la contraprestación por la Banda de 2.5 GHz: 11 mil 164 millones de pesos por el total de los 190 MHz, contra los 27 mil millones demandados por Hacienda.

En realidad no sabemos a ciencia cierta si la propuesta estuvo sobre la mesa de negociación, sobre todo después de escuchar las acusaciones de mentiras y chantajes entre Joaquín Vargas, presidente de MVS, y Alejandra Sota, vocera de la Presidencia de la República.

Sin embargo, José Antonio Abad, vicepresidente corporativo de la empresa, fue muy claro al exponer su posición respecto al pago de la contraprestación por la Banda de 2.5 GHz: 1) la empresa no se niega al pago; 2) a partir de las licitaciones de la Banda de 2.5 GHz efectuadas a nivel mundial desde el 2008 y ajustadas por el nivel del PIB per cápita, se obtiene que el precio promedio es de 4 centavos de dólar por MHz/pob (habitante); 3) este precio, multiplicado por la población (113 millones), los 190 MHz de la Banda y el tipo de cambio (13 pesos por dólar), permite obtener lo que sería el pago de derechos por su uso a nivel nacional: 11 mil 164 millones de pesos.

Esta cifra contrasta con la estimación de la Secretaría de Hacienda, que calcula que MVS debería de pagar 27.0 mil millones de pesos. Aunque la dependencia a cargo de José Antonio Meade no precisó su metodología, informó en su comunicado 53/2012, que el valor presente de dicha contraprestación debería ser de 10.5 centavos de dólar; esto, pese a que citó un reporte de la empresa Clearwire entregado a la SEC, donde se valúa la Banda en un equivalente a 29 centavos de dólar por cada MHz por población, y se recordó que el pago promedio fue de 25 centavos de dólar al que se llegó en las licitaciones de las bandas de 1.7 y 1.9 GHz, realizadas en el 2010.

La gran divergencia es que, según Hacienda, MVS ofreció 0.04 centavos de dólar y no 4.0 centavos; razón por la cual la dependencia afirmó que la empresa sólo puso sobre la mesa 104 millones de pesos, que significa sólo 0.38% de la valuación oficial (una “bicoca”, se calificó). Este hecho es una muestra de la magnitud del problema de comunicación en las negociaciones entre MVS y el gobierno de Felipe Calderón.

Si se aplica la metodología de la empresa a la valuación de 10.5 centavos propuesta al final por Hacienda, el pago de derechos se eleva a 29.3 mil millones de pesos, lo que hace una diferencia de 18.1 mil millones de pesos. De ese tamaño es el interés económico en este conflicto.



Bernardo Barranco, Empresa, El Universal  (jueves 23 de agosto):

Vargas al contraataque

Como lo había ofrecido, con pruebas en mano, el presidente de la cadena MVS le reviró al gobierno, con énfasis en el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón y la coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia, Alejandra Sota, su deslinde en lo que se calificó de chantaje.

Estamos hablando de una oferta de canje de la cabeza de la periodista Carmen Aristegui o su disculpa por una alusión l aire sobre la supuesta afición etílica del presidente Felipe Calderón, a cambio de refrendar las concesiones de la cadena en la banda de 2.5 gigahercios para ofrecer servicio de internet.

En paralelo a una conversación con el hoy senador electo panista (“Yo la corría”), está un texto redactado en la oficina de Sota que debía leer al aire la comunicadora, a título de retracción.

A la sorpresa de las revelaciones iniciales el gobierno primero planteó y cambió su versión original sobre el rechazo al referendo que hablaba de subutilización del espectro, para hablar de que MVS no quiso pagar la contraprestación reclamada.

La embestida oficial presentó al presidente de la firma como un abusivo o un ingenuo al ofrecer migajas.



Maricarmen Cortés, Desde el piso de remates, El Universal  (jueves 23 de agosto):

Joaquín Vargas, ¿Por qué no denuncio antes?

Las pruebas del supuesto chantaje por parte del gobierno a MVS, que exhibió ayer Joaquín Vargas, resultaron de pacotilla. La vocero de la Presidencia, Alejandra Sota, de inmediato salió a reiterar que nunca solicitaron el despidió de Carmen Aristegui y que fue la propia empresa la que redactó la carta de disculpa y la que despidió a la conductora.

Por su parte, el senador Javier Lozano recordó que como secretario del Trabajo no tenía ninguna injerencia en el tema de la Banda 2.5 y que las conversaciones y mensajes con Joaquín Vargas se intercambiaron en el marco de una relaciónde mistad. “Lamento –dice Lozano –, que para Joaquín Vargas, valga más el dinero que la amistad, la lealtad y la verdad”.

Y lo que habría que preguntarse, como bien dijo Sota, es porqué Vargas, que hoy dice víctima de la libertad de expresión, esperó 18 meses para denunciar un supuesto chantaje por parte del gobierno.

2 comments:

  1. Ambas partes,Gobierno y mVs, NO DICEN TODA LA VERDAD NI TODAS LAS MENTIRAS Y CHANTAJES QUE MUTUAMENTE SE HAN DICHO E INGLINGIDO ENTRE SI, NEGOCIOS GOBIERNO CON INICIATIVA PRIVADA EN MEXICO SON DE LO PEOR, AMBAS PARTES DAN, FRANCAMETE, ASCO,EN FORMA PUNTUAL ME REFIERO EN ESTE CASO A EL SR. VARGAS Y A CALDERON.

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  2. Mi queirdo warren69, lo peor del caso es que estan tratando con propiedad del pueblo como si fuerea de ellos! Todos los servicios de telecomunicaciones en Mexico son muy caros, ahora vez porque!

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