2012/09/11

Critican a EE.UU. por negarse a extraditar a ex presidente boliviano

La Defensoría del Pueblo consideró hoy que la impunidad es una de las consecuencias de la injusticia y la desigualdad en el mundo, en referencia a la negativa de Estados Unidos de extraditar al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada.

Poco después de que la Cancillería confirmara la negativa del gobierno estadounidense de autorizar la extradición del exmandatario y varios de sus colaboradores para que sean juzgados en Bolivia, la Defensoría del Pueblo consideró los hechos una flagrante violación de los derechos humanos.

Un comunicado de la referida entidad recuerda que "la impunidad es una de las peores consecuencias de la injusticia y la desigualdad en el mundo y, cuando se impone, muestra claramente que ciertas personas, grupos o países que detentan el poder por la fuerza, pueden burlar o hacer escarnio de las leyes y los acuerdos sobre los derechos humanos fundamentales".


También insiste que en "el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, la impunidad no puede ni debe ser el resultado final que termine por convertir sus decisiones criminales en episodios históricos sin responsables ni ejecutores".

"Creemos que la decisión del sistema judicial estadounidense en este caso manifiesta una posición política que, basándose sólo en el análisis de los procedimientos administrativo, intenta soslayar la consideración de fondo, es decir que en Bolivia, durante octubre de 2003, se planificó, organizó y ejecutó un plan de violencia de Estado".

La nota advierte que todo "terminó con decenas de compatriotas asesinados y centenas de heridos, por el hecho de demandar los cambios de los que hoy goza nuestra democracia".

"Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y nos unimos a todos los bolivianos y bolivianas que llevamos nueve años y tres sucesivos gobiernos, clamando por justicia y esperando que las instituciones nacionales e internacionales actúen según les imponen las leyes y los tratados universales sobre derechos humanos".

Por último, el comunicado de la Defensoría exhorta a extremar los esfuerzos y continuar con "las gestiones diplomáticas pertinentes para que se revierta la decisión".

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