Las ejecuciones del PRI, reacomodo de influencias

Foto de Salinas y Peña Nieto que circulan profusamente en las redes

Por Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press

La edición digital de la revista mexicana Proceso difundió el boletín de la PGR sobre la ejecución del diputado priista por el distrito local XVII de Ciudad Obregón, Eduardo Enrique Castro Luque. El diputado electo no alcanzó a tomar protesta, lo mataron de ocho balazos fuera de su propia casa, en la colonia Chapultepec, de esa ciudad de Sonora.

“La víctima iba llegando a su casa a bordo de una camioneta Ford Explorer de color blanco y al descender del vehículo un sujeto le disparó en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga”, detalló la dependencia en el comunicado.

Eduardo Enrique Castro Luque, diputado electo, ejecutado en Sonora Foto: perfil de FB

 Es evidente para quien lo quiera ver, que los vínculos del narcotráfico y el Partido Revolucionario Institucional, ya no son estrechos, sino que se han diluido en simbiosis como una gran organización que se disputa el poder, privilegios e influencias, entre sí. Más aún, los narcopriistas, también han invadido los partidos de izquierda, y con los del PAN no hay diferencia alguna. México vive el clímax de la narcopolítica con un régimen que solo puede permitirlo: la autocracia. Ese poder, corrupto y represor que invade totalitariamente la vida privada y pública, y que no es una persona en el Ejecutivo, no es un rostro con nombre, es una mafia con tentáculos hacia las diferentes esferas de la vida colectiva. De ahí, el gran interés por imponer a quien garantice esta permanencia del viejo PRI con la modernización y poderío del "narco".

En estas alianzas comerciales ilegales, los medios como Televisa forman parte " natural" del conglomerado de la corrupción no sólo permitida desde el régimen, sino impulsada principalmente desde ahí. Las recientes revelaciones del gobierno de Nicaragua sobre los empleados detenidos de esta empresa con más de 9 millones de dólares en cuatro camionetas con destino a Costa Rica son sólo una parte de las agendas "normales" de la narcopolítica mexicana. Y el involucramiento de funcionarios, políticos y periodistas es lo cotidiano.

Sin embargo, todavía hay quien se pregunta: ¿Cuándo inició toda esta podredumbre? La historia ya está escrita, investigada, publicada, y se corre de voz en voz. México no ignora que el PRI de Salinas de Gortari es el mismo PRI que hoy impone a Enrique Peña Nieto. México no ignora que el PRI de Salinas de Gortari es el PRI que mató a Luis Donaldo Colosio, a José Francisco Ruiz Massieu y al cardenal Posadas.

México no ignora que el PRI, con el asesinato de Colosio, reacomodó las influencias narcopolíticas que mantendrían un régimen sumido en la corrupción, con la garantía de la impunidad mientras seguía sirviéndose del pueblo. México no ignora que Ernesto Zedillo Ponce de León fue impuesto como presidente por Salinas de Gortari, después del asesinato de Colosio, cuando el congreso intentaba ingenuamente hacer su trabajo y proponer la candidatura de Fernando Ortiz Arana, líder cameral del PRI en ese entonces, que contaba con el aval de partidos de oposición. Fue la LV Legislatura del Congreso de la Unión que concluyó el 31 de agosto de 1994. Una imposición que pasó de largo.

Y en cada legislatura, en cada sexenio, en cada elección, los periodistas son compensados económicamente de acuerdo a su influencia y medio, bajo el rubro de "asesoría en comunicación social" y los medios son apapachados con prebendas, publicidad y una voluptuosa agenda de influencias políticas. México no ignora nada de esto, y pese a ello, sigue a estos periodistas, consume estos mismos medios que le mienten y lo manipulan, y toleran a los mismos políticos que los defrauda, y que en el extremo los asesina.

México tampoco ignora, que el PRI es el promotor del estado obeso, con una burocracia gorda que chupa la sangre del pueblo, y mantiene lealtades de rodillas por un puesto seguro "en el gobierno" y con aguinaldo. Desde el barrendero en el municipio hasta el presidente del IFE, son mantenidos por el pueblo y su empleo es condicionado por su "lealtad" política. No necesitamos una nueva batería de conceptos para simplificar la complejidad de la corrupción y el crimen que el narcoPRI ha hecho de México. Lo que necesitamos es sacudirnos la memoria y la dignidad.

Las ejecuciones del PRI de ayer, pues, son las ejecuciones del PRI de hoy. No van a terminar con la llegada de Peña Nieto a la presidencia. Por el contrario, seguirán siendo parte de la vida política mientras el golpe del narcopoder logra estabilizar y apaciguar a sus leales y desaparecer a sus traidores y opositores. Un diputado ejecutado, es el mismo impacto sociopolítico de un juez ejecutado, en cualquier otro país donde el estado de derecho funciona.  En México, es  un crimen más en impunidad, que asocia al crimen del narco, como si fuera un ente aparte del gobierno, igual que los feminicidios, las masacres de jóvenes, de inmigrantes, de opositores políticos o investigadores de la realidad.

Ya no hay diferencia entre ejecutar al pueblo y una ejecución de quien ostenta ser parte de las instituciones que sostienen supuestamente a la nación. El narcopoder no hace distinción entre un opositor político honesto y un político que usa sus relaciones para sacar ventajas del tráfico de drogas, trata de personas, de armas, ofrecer un cargo público como si el estado fuera de su propiedad o para hacer un negocio privado con recursos públicos. Las instituciones son decapitadas y narcotizadas. Los liderazgos del pueblo también son decapitados, y el pueblo mismo narcotizado con los medios de comunicación, principalmente con los que se dicen "objetivos" que son los que mejor funcionan para distraer con las noticias "críticas", aunque la raíz del crimen no la toquen. Éstos son algunos de los parámetro para medir el grado de hundimiento en el que se encuentra el México de las ejecuciones.

El mundo del PRI es el mundo del crimen gubernamental. Y México no lo ignora, pero lo tolera.

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